Carlos Roberto Vielmann Montes (Ciudad de Guatemala, 6 de noviembre de 1955) es un ingeniero y político guatemalteco, que ejerció como Ministro de Gobernación entre 2004 y 2007 en el gobierno de Óscar Berger. Goza de doble nacionalidad guatemalteca y española, ya que sus abuelos fueron españoles, habiendo obtenido la segunda en 2009. Es hermano, por parte de padre, del exvicepresidente de Guatemala, Rafael Espada.
Carrera política
En el año 2004 se integró al gobierno de Óscar Berger, durante su mandato como ministro se produjeron distintos asesinatos en las que estuvieron involucrados miembros de la policía guatemalteca. De ellos, estuvieron bajo investigación judicial cuatro casos: la muerte de once campesinos en 2004 durante el desalojo de los mismos de la finca Nueva Linda; la ejecución de tres presos fugados de la cárcel «El Infiernito» y la de siete detenidos capturados por la policía en el asalto y recuperación de la Granja de Rehabilitación Pavón, así como la muerte de tres diputados de El Salvador y un piloto.
Casos penales
De esos casos Vielmann fue acusado por la fiscalía en 2: la de los siete detenidos de la cárcel de Pavón y la de los 3 detenidos en la Cárcel Infiernito.
El Ministerio Público de acuerdo a la investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organización de Naciones Unidas dirigida por Francisco Dall'Anese, solicitó en agosto de 2010 la detención de Vielmann a raíz de los informes de la misma y del relator especial de Naciones Unidas, Philip Alston.
Fue acusado del asesinato de los siete reos de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón el 25 de septiembre de 2006, junto con el director del Sistema Penitenciario y posterior presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei y el subdirector de Investigación Criminal Javier Figueroa. En ese momento la CICIG indicó:
Para Philip Alston, las actividades de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil durante el mandato de Vielmann fueron operaciones de limpieza social contra pandilleros, reclusos en penales, prostitutas y ocupantes de fincas, lo que a su juicio «llegó a constituir una política oficialmente sancionada, algo más que simples actos individuales de algunos oficiales corruptos». Sin embargo lo que sucedió, de acuerdo a la versión oficial, fue que varios detenidos de esta cárcel se fugaron durante esos días y la Fiscalía junto a la Policía Nacional Civil emprendieron un plan para recuperar y localizar a los reos fugados, al momento de encontrarlos estos respondieron a la policía con ataques con armas de fuero y como resultado del intercambio de disparos fallecieron los reos que habían huido. De acuerdo a la fiscalía, los miembros de la policía tenían la orden de ejecutar a los recapturados bajo órdenes superiores, involucrando a Vielmann y otros funcionarios.