Libertad provisional, condenas y tercer grado
Finalmente, el 11 de junio de 2012 sale de la cárcel de Soto del Real (Madrid), gracias a la fianza de 200 000 euros pagada por su madre. No obstante, seguía estando imputado bajo la acusación de haber cometido los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal, asociación ilícita y falsificación documental. El juez le retiró el pasaporte y le prohibió abandonar el país. Además, todos los días debía presentarse ante el juzgado.
Tras su puesta en libertad decidió volver a instalarse en su lujosa vivienda de Sotogrande, con su familia. Seguía manteniendo la mayor parte de sus bienes embargados por el Estado. En septiembre de 2012 las autoridades norteamericanas facilitaron a la Justicia española datos de sus cuentas en EE. UU. y Gibraltar. Anteriormente su primo y principal testaferro, Antoine Sánchez, se había mostrado dispuesto a alcanzar algún acuerdo y colaborar con la Justicia en contra de Francisco Correa, dada la difícil situación económica que él mismo manifestó ante sede judicial. Se mostró dispuesto a tirar de la manta, dado que manifestó desconocer el verdadero sentido de las prácticas de la trama y la creencia de que todo se hacía de forma legal. Correa aseguró creer que el secretario general del Partido Popular aprobaba todos los gastos para campañas electorales.
En 2017, Francisco Correa es implicado en el caso de los llamados Paradise Papers (evasión fiscal).
El 8 de mayo de 2018 el Tribunal Supremo confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 2017 por la que fue condenado a una pena de prisión de 13 años por la rama valenciana del caso Gürtel conocida como caso FITUR por los amaños de contratos entre la Generalitat Valenciana y los integrantes de la trama encabezada por él entre 2005 y 2009.
El 20 de noviembre de 2019 la Audiencia Nacional condenó a Francisco Correa y a Pablo Crespo a tres años de cárcel y siete de inhabilitación por delitos continuados de falsedad cometida por funcionario público y prevaricación por la adjudicación de tres contratos a las empresas del Grupo Correa en relación con la participación de la ciudad de Jerez de la Frontera en Fitur 2004.
En 2022 el Tribunal Supremo confirmó 3 años de prisión y multa de 36 000 euros para Francisco Correa y su número dos, Pablo Crespo, por la adjudicación a la trama de tres contratos por parte del Ayuntamiento de Jerez para Fitur 2004. Desestima el Tribunal Supremo el recurso de Correa contra la resolución de la Audiencia Nacional que le condenó a la citada pena de prisión como cooperador necesario de un delito continuado de falsedad además de otro de prevaricación, por el que fue sentenciado a siete años de inhabilitación.
En junio de 2023, Francisco Correa recibió el tercer grado por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional que ha considerado su evolución «muy positiva» durante los años que lleva cumplidos de condena.