Ministro del Gobierno
Ábalos fue elegido en junio de 2018 por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para formar parte del nuevo Gobierno que este formó tras la moción de censura que el PSOE presentó contra el segundo Gobierno de Mariano Rajoy y que fue aprobada por el Congreso de los Diputados.
Con la formación del segundo Gobierno de Pedro Sánchez, este confirmó a Ábalos en la cartera de Fomento, ahora renombrada Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tomando posesión del cargo junto al resto de ministros el 13 de enero de 2020. Manteniendo las mismas competencias que el Ministerio de Fomento, la redenominación del departamento obedeció a la voluntad de resaltar hacia dónde irían los esfuerzos centrales de este.
El mandato de Ábalos estuvo marcado por importantes cambios en el ámbito ferroviario. Por un lado, se reformó el Reglamento de Circulación Ferroviaria para establecer la obligatoriedad, en las líneas de ancho ibérico, estándar europeo y ancho métrico, de utilizar el sistema ASFA digital, abandonando el sistema ASFA analógico. Esta obligación entró en vigor el 1 de enero de 2019 para las dos primeras y el 1 de enero de 2022 para la segunda. Por otro lado, y probablemente el más relevante, se culminó el proceso de liberalización del transporte ferroviario en España, objetivo planeado desde los años 1990. Así, en mayo de 2021 la empresa francesa Ouigo entró en el mercado español para competir con la empresa pública Renfe Operadora. Todo esto derivó en la creación de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria para hacer frente de manera eficaz a los nuevos retos del sistema ferroviario.
Por último, durante este periodo se iniciaron los trabajos para crear una nueva autoridad administrativa independiente para la investigación de accidentes.
En 2020 se dio a conocer un encuentro de Ábalos, durante la madrugada del 19 de enero, con una delegación venezolana en el aeropuerto de Barajas en el que, además de con el ministro de Turismo venezolano Félix Plasencia —asistente a Fitur— coincidió con la vicepresidenta de dicho país, Delcy Rodríguez, quien tenía prohibición de entrada al espacio Schengen. Tras negarlo inicialmente, Ábalos admitió haber mantenido una conversación con Rodríguez, añadiendo que solicitó a esta que procurara no bajar del avión. Posteriormente, se hizo público que, ese mismo día, se produjo una segunda reunión de 20 minutos, en una sala vip de la compañía Sky Vallet en el aeropuerto. A pesar de que el asunto acabó en los tribunales, tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Provincial de Madrid archivaron el asunto entre 2020 y 2021, al no encontrar indicios de delito.
El 10 de julio de 2021 se anunció su salida del equipo de Gobierno de Pedro Sánchez, siendo sustituido por Raquel Sánchez Jiménez.
Tras abandonar el Gobierno de la Nación, Ábalos se centró en su labor como parlamentario, siendo elegido presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados el 30 de septiembre de 2021. Tras ser reelegido diputado por Valencia en las elecciones generales de 2023, fue confirmado como presidente de la mencionada Comisión para la XV legislatura.
Caso Koldo
El 20 de febrero de 2024 un exasistente personal y chófer de Ábalos, Koldo García Izaguirre, y su mujer fueron detenidos por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acusados de presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas.
En los primeros compases de la polémica, Pedro Sánchez defendió públicamente a José Luis Ábalos y sostuvo que las acusaciones contra miembros de su Gobierno y del PSOE formaban parte de una campaña de "bulos", "fango" y desinformación impulsada por la derecha y la extrema derecha, mientras afirmaba que no existían pruebas que implicaran a Ábalos en actividades delictivas en ese momento.
Tras numerosas llamadas a dimitir de sus cargos, tanto desde dentro del Partido Socialista como desde fuera, el 26 de febrero Ábalos renunció a su cargo como presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, pero rechazó dimitir como diputado, integrándose en el Grupo Mixto con el objetivo de «defender su honor».
El 27 de febrero de 2024, el PSOE, a través de una resolución firmada por Santos Cerdán, suspendió a José Luis Ábalos como militante del Partido Socialista ante su negativa a entregar el acta de diputado y pasarse al Grupo Mixto. A comienzos de marzo, Ábalos recurrió ante el PSOE su suspensión cautelar de militancia, al haberse negado a entregar el acta de diputado, ya que no estaba imputado.
El juez instructor acudió al Congreso de Los Diputados a mediados de octubre de 2024 para confirmar que es diputado y está aforado. El 23 de octubre la Audiencia Nacional pide al Tribunal Supremo investigar a Ábalos por su «papel principal» en el caso Koldo.
Los magistrados del Tribunal Supremo abrieron causa contra Ábalos —el 7 de noviembre de 2024—, al ver indicios de cohecho, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Leopoldo Puente, magistrado del Tribunal Supremo , que instruye la causa del caso Koldo por la supuesta adjudicación irregular de contratos de mascarillas y material sanitario durante la pandemia, impuso el 20 de febrero de 2025 diversas medidas cautelares a José Luis Ábalos, entre otras: retirada del pasaporte, prohibición de abandonar España, y obligación de comparecer cada quince días en el juzgado, mientras continúe en calidad de investigado.
El 13 de marzo de 2025, el Tribunal Supremo amplió la investigación abierta a José Luis Ábalos, a su expareja Jessica Rodríguez. La investigación se centra en la contratación de Rodríguez por parte de las empresas públicas Ineco (dependiente del ministerio de Transportes) y Tragsatec (dependiente del ministerio de Agricultura), en el periodo 2019-2021. Rodríguez cobró el salario mínimo interprofesional, a pesar de que ella nunca fue a trabajar a las citadas empresas, como ella misma afirmó en calidad de testigo.
Los agentes de la UCO han atribuido a José Luis Ábalos dos inmuebles en Perú, vinculados a la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso). Ábalos adquirió junto al empresario Manuel Valls (fallecido en 2022) el local donde se constituyó dicha Fundación en Valencia en 2003. Ambos habían adquirido dos propiedades en Perú en 1998.
El 3 de octubre de 2025, la UCO presenta al Tribunal Supremo un nuevo informe sobre el patrimonio de José Luis Ábalos en el que revela que, entre los años 2017 y 2021, éste efectuó pagos por valor de 95 437 euros en metálico a fuentes de ingresos no declarados y sin justificación bancaria, sugiriendo «la posible existencia de una reserva de dinero en metálico a su disposición». Además, la UCO detectó pagos en sobres con efectivo del PSOE a Ábalos y Koldo por valor de 32 000 euros, parte de los cuales no figuran en la documentación entregada por el partido al Tribunal Supremo.
El 19 de noviembre de 2025 se hizo público que la Fiscalía Anticorrupción solicitó para José Luis Ábalos una pena total de 24 años de prisión por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. La petición de la Fiscalía se enmarca en la investigación judicial del denominado caso Koldo y deberá ser valorada por el tribunal competente durante el correspondiente proceso judicial.
El 27 de noviembre de 2025, ingresó en la prisión de Soto del Real, junto con Koldo García. El 10 de diciembre de 2025, la mesa del Congreso de los Diputados, aplicando el artículo 21 del Reglamento del Congreso de los Diputados, suspendió automáticamente a José Luis Ábalos de sus atribuciones como miembro del Legislativo cuando se encuentre en prisión preventiva, aunque se siga aferrando a su acta. Por ello, Ábalos perdió tanto su derecho al voto en el Congreso de los Diputados, como a percibir el sueldo que le correspondía.
El 22 de junio de 2026, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenó por unanimidad a José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en la primera pieza juzgada de la trama, conocida como «caso mascarillas». En aplicación del artículo 76 del Código Penal, el tiempo máximo de cumplimiento efectivo quedó fijado en torno a quince años. En la misma sentencia, su exasesor Koldo García fue condenado a 19 años, 8 meses y 1 día de prisión, mientras que el empresario Víctor de Aldama recibió una pena de 4 años y 6 meses, cuya ejecución quedó suspendida en atención a su colaboración con la Justicia. El tribunal consideró probado que los tres constituyeron una organización criminal para enriquecerse mediante la adjudicación irregular de contratos públicos de suministro de mascarillas durante la pandemia de COVID-19, además de otras contraprestaciones recibidas por Ábalos. Contra la sentencia solo cabe recurso ante el Tribunal Constitucional.
Cargos desempeñados
Secretario general de la Agrupación Socialista de Valencia (1995-2000).
Presidente del Comité Nacional del PSPV-PSOE (1997-1999).
Concejal del Ayuntamiento de Valencia (1999-2009).
Vicesecretario general del PSPV-PSOE (2000-2004).
Miembro de la Diputación Provincial de Valencia (2003-2007).
Diputado por Valencia en el Congreso de los Diputados (2009-2018; 2019-).
Secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia (2012-2017).
Secretario de Organización del PSOE (2017-2021).
Ministro de Fomento (2018-2020)/ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2020-2021).
Presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados (2021-2024).
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Fernando Grande-Marlaskajuez y político español.jpg?width=96)
Víctor Gutiérrezwaterpolista español
María Sáinzmédica, docente, poeta y política española
Pedro Casarespolítico español
Francisco Lucas AyalaDiputado de PSOE por Murcia en la XV legislatura.jpg?width=96)
