Caso David Sánchez
Gallardo firmó el contrato de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez como personal de alta dirección sin que pudiera justificar el cambio en la nomenclatura del puesto de "coordinador de actividades de los conservatorios" a "jefe de la Oficina de Artes Escénicas". La juez Beatriz Biedma le requirió en diversas ocasiones una serie de correos electrónicos que nunca fueron aportados. La juez señaló que fue impulsor del cambio de denominación, y por tanto de la nueva configuración de la plaza, creada ad hoc para el hermano del presidente del Gobierno.
El 16 de mayo del 2025 y, envuelto en un caso de prevaricación y tráfico de influencias junto con David Sánchez, Gallardo pasó a ser diputado de la Asamblea de Extremadura. La dimisión de un diputado socialista, así como la renuncia de cuatro candidatos que concurrieron por delante de Gallardo en las listas del PSOE, le permitieron acceder al cargo. Con el ejercicio de dicho cargo, Gallardo pasó a ser aforado, debido a lo cual para procesarlo el caso tendría que pasar por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE).
La juez Biedma elevó el 9 de junio de 2025 la causa al Tribunal Superior de Justicia, exponiendo que los movimientos de Gallardo para aforarse podían constituir un fraude de ley para evitar la jurisdicción del tribunal de instrucción. El 30 de junio de 2025 el TSJE dio la razón a la jueza, considerando que el diputado había adquirido esta condición para evitar el procesamiento, por lo que rechazó ser competente y devolvió el caso al tribunal inferior. La Audiencia Provincial de Badajoz anunció el 7 de noviembre de 2025 que Gallardo sería juzgado, junto con David Sánchez y otras nueve personas, entre el 9 y el 14 de febrero de 2026, cincuenta días después de las elecciones autonómicas a las que concurriría como candidato, a pesar de las resistencias de parte de la militancia de su propio partido. Anteriormente la Fiscalía había recurrido su procesamiento, lo que fue rechazado por la Audiencia, mientras que las acusaciones populares pidieron para Gallardo penas de hasta tres años de prisión, entre doce y quince años de inhabilitación y varias multas.
El 14 de julio de 2026, la Audiencia Provincial de Badajoz condenó a Gallardo a 18 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por la comisión de dos delitos de prevaricación administrativa en la contratación amañada de David Sánchez y su amigo Luis Carrero en la Diputación de Badajoz.