Caso Dina
Bautizado por los medios como Caso Dina, realmente es la pieza 10 del Caso Tándem, conocido más comúnmente como Caso Villarejo. En noviembre de 2015, en los meses previos a las negociaciones para formar Gobierno, Dina Bousselham sufrió el robo de su teléfono móvil, suceso que denunció a la policía ese mismo día. En 2016, una parte de la información contenida en la tarjeta mini SD de Bousselham le llegó al periodista Luis Alberto Pozas Fernández, cuando era director de la revista Interviú. Pozas hizo una copia íntegra del contenido y compartió los archivos con su subdirector, Luis Rendueles Bulte. Ambos periodistas entregaron la tarjeta original al presidente del Grupo Zeta Antonio Asensio Mosbah, y éste se la entregó a Pablo Iglesias. Finalmente, la revista Interviú no publicó los contenidos pero le consignaron al excomisario José Manuel Villarejo parte de los archivos copiados.Algunos documentos del móvil robado salieron publicados en el digital de Eduardo Inda en 2016, cuando PSOE e Unidos Podemos tenían posibilidades de formar gobierno junto a las fuerzas nacionalistas e independentistas.En esa época, además, Podemos adelantaba al PSOE en intención de voto, según algunas encuestas.
En mayo de 2026, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a tres años y seis meses de cárcel al excomisario Villarejo como "autor de un delito de revelación de secretos de particulares con difusión a terceros, cometido por funcionario público, por el acceso no autorizado y su distribución a dos medios de comunicación del contenido de la tarjeta de un móvil sustraído"Asimismo, Villarejo deberá pagar una indemnización de 5.000 euros a Bouselham y 1.000 a Iglesias por un daño moral ínsito en la humillación, desprotección y vulneración" de información privada.La importancia de esta sentencia radica en que es la primera vez que se certifica una operación policial para el desprestigio de Podemos, situando a la pata mediática del PP contra el partido morado.
Cronología de la investigación
El 19 de enero de 2016 el Grupo Zeta estaba en posesión de la memoria extraída, que conteía informes políticos de Podemos, datos bancarios e información personal de Bouselham. El contenido fue exanimado por el director y el subdirector de la revista Interviú, por el director editorial Miguel Ángel Liso Tejada y por el presidente del Grupo editorial Antonio Asensio Mosbah.
En noviembre de 2017, cuando la policía registró el domicilio del excomisario Villarejo, hallaron en los discos duros los archivos procedentes del teléfono de Bousselham. En 2019, tras la detención de Villarejo, se hizo público que éste poseía imágenes provenientes de la tarjeta del móvil sustraído. El magistrado Manuel García-Castellón abrió una pieza secreta en marzo de 2019 para investigar si el comisario había estado espiando y conspirando contra Podemos. Pablo Iglesias se presentó como perjudicado. Según la resolución, Antonio Asensio, al considerar que la tarjeta por su contenido podría pertenecer a Pablo Iglesias, se la entregó al por entonces secretario de Podemos, quien retuvo la tarjeta en su poder seis meses antes de informar de ello a Dina Bousselham. Bousselham se contradijo en cuanto al estado de la tarjeta, declarando primero que le llegó inutilizada y luego que le llegó en buen estado pero se estropeó después.También hubo contradicciones en las declaraciones de los periodistas de Interviú. El director editorial de la publicación, Miguel Ángel Liso, afirmó ante el juez que, "en un primer momento, Pozas le dijo que la tarjeta procedía de alguien que se la había encontrado en la habitación de un hotel". Por su parte, Pozas afirmaba que desconocía su procedencia, como práctica habitual para proteger sus fuentes.
En enero de 2021 el Tribunal Supremo rechazó imputar a Pablo Iglesias, entonces vicepresidente segundo del gobierno de Pedro Sánchez, y devolvió el caso Dina al juez García Castellón de la Audiencia Nacional.En noviembre de 2023 la Fiscalía solicitó penas de 3 años de cárcel para Alberto Pozas y Luis Rendueles y 5 años para el excomisario Villarejo por entregar a Eduardo Inda (OK Diario) y a José María Olmo (El Confidencial) los contenidos del móvil robado a Bousselham.Ambos diarios publicaron informaciones teniendo como fuente documentos encontrados en la memoria que les entregó Villarejo.
Como hechos probados, la sentencia recoge que Villarejo, quien entonces se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de la Policía, realizó dos copias de la tarjeta y las distribuyó a "periodistas de su círculo de confianza, entre los que uno y otros eran recíprocamente fuentes informativas, para que se elaborara y publicara diversas informaciones en descrédito del partido político Podemos, y del por entonces secretario general Pablo Iglesias". La sentencia de este caso se encuentra relacionada con el Caso Tándem, que intenta dilucidar si las llamadas cloacas del gobierno de M. Rajoy, encabezas por el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, coordinaron la publicación de noticias falsas con el fin de impedir una investidura alternativa a la de Mariano Rajoy.
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