Primera etapa en la política municipal
Esperanza Aguirre llegó a la política municipal con la agrupación política Coalición Popular, en la que se integraba la Unión Liberal; por la que fue elegida concejal del Ayuntamiento de Madrid en las elecciones municipales de 1983 en Madrid. En la oposición, fue miembro de la Comisión Permanente del Ayuntamiento y de portavoz de Coalición Popular en el Área de Cultura, Educación, Juventud y Deportes y en el distrito de Moncloa-Aravaca.
En diciembre de 1984, al fusionarse Unión Liberal con el Partido Liberal (PL), Aguirré ocupó diferentes cargos en la ejecutiva nacional y secretaría del Consejo Político del Partido Liberal de José Antonio Segurado.
En 1987 abandonó el Partido Liberal e ingresó en Alianza Popular (AP). Renovó su acta de concejala en el Ayuntamiento de Madrid; permaneció inicialmente en la oposición.
Mediante una moción de censura del ya denominado Partido Popular y del Centro Democrático y Social contra el alcalde del Partido Socialista Obrero Español, Juan Barranco, ambos partidos pasan a gobernar el Ayuntamiento de Madrid, en 1989. Esperanza Aguirre fue nombrada concejala de Medio Ambiente.
La lista del PP obtuvo una mayoría absoluta de concejales en las elecciones municipales de 1991 en Madrid y Esperanza Aguirre, repitiendo como concejala, fue nombrada tercera teniente de alcalde y concejala de Medio Ambiente. Dos años después, con la remodelación del Gobierno municipal, Esperanza Aguirre fue designada además concejala de Cultura. Asimismo, pasó a dirigir las concejalías de Limpieza y de Educación y Deportes.
Tras la segunda victoria por mayoría absoluta del PP en las elecciones municipales de 1995 en Madrid (a las que Aguirre concurrió como número 2 de la lista del PP), tuvo lugar el nombramiento de Aguirre como primera teniente de alcalde y como portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. En ese año fue nombrada consejera de Caja Madrid, en representación del Partido Popular.
Ministra de Educación, Cultura y Deporte y presidenta del Senado
En las elecciones generales de 1996 fue candidata del Partido Popular al Senado por Madrid. Aguirre, que había sido designada como miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido, resultó elegida senadora. El nuevo presidente del Gobierno, José María Aznar, le confió la cartera Educación y Cultura. Desempeñó el cargo de ministra hasta 1999, cuando fue sucedida por Mariano Rajoy.
Durante su mandato al frente del Ministerio de Educación, presentó en 1997 un proyecto de reforma de la educación secundaria, el denominado «Plan de Mejora de la Enseñanza de las Humanidades en el Sistema Educativo Español», que pretendía aumentar el nivel de uniformización del currículo en Humanidades, y que suscitó el rechazo frontal de los representantes de los nacionalismos catalán, vasco, gallego y canario; el plan fue finalmente rechazado en el Congreso el 16 de diciembre.
En febrero de 1999, fue propuesta por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado —el grupo mayoritario en la cámara alta— para el cargo de presidenta del Senado. Elegida, se convirtió en la primera mujer en desempeñar el puesto. En marzo de 2000 repitió como presidenta en un segundo mandato. Renunció a su escaño para concurrir como cabeza de lista del PP en las elecciones a la Asamblea de Madrid de mayo de 2003 y fue sustituida por Juan José Lucas en la presidencia de la cámara.
El tamayazo
Celebradas las elecciones autonómicas el 25 de mayo de 2003, el Partido Popular fue el partido más votado pero quedó a un escaño de la mayoría absoluta. El PP se quedó con el 46,67 % de los votos en la Comunidad de Madrid (55 diputados) y a un escaño de los sumados por el Partido Socialista Obrero Español-Federación Socialista Madrileña (39,99 %, 47 escaños) e Izquierda Unida (7,68 %, nueve escaños).
Sin embargo, la elección de un gobierno bipartito de izquierdas no se consumó debido al abandono de su militancia en el partido socialista, por parte de Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que pasaron al grupo mixto sin apoyar a ningún candidato. Ambos diputados alegaron el incumplimiento de acuerdos previos a las elecciones del Grupo Socialista con Izquierda Unida y las excesivas exigencias (consejerías) que este último grupo pedía, dentro de una crisis en la Federación Socialista Madrileña. Este cambio en su posición generó una gran polémica y se conoció popularmente como el caso “Tamayo” o “Tamayazo”.
Mariano Fernández Bermejo, quien fue ministro de Justicia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, declaró durante la campaña electoral de 2007 que la investigación judicial respecto al caso fue bloqueada por el fiscal general del Estado Jesús Cardenal, nombrado por el gobierno de José María Aznar, sin que se retomase tras la ascensión del PSOE al poder.
En la comisión de investigación abierta en el parlamento madrileño se descubrió que los tránsfugas habían llamado desde su escaño a un conocido abogado del Partido Popular para concertar sus movimientos, que las habitaciones de hotel en las que se refugiaron, protegidos por guardaespaldas colaboradores habituales de Intereconomía, fueron pagadas por dos conocidos militantes y constructores del PP, Francisco Bravo y Francisco Vázquez, y que se habían reunido con el responsable de las finanzas del Partido Popular en la comunidad, Ricardo Romero de Tejada. Se descubrió adicionalmente que otro empresario urbanístico simulaba tener contratado a Romero de Tejada en una tienda de fotocopias de su propiedad. Los dos constructores implicados obtuvieron poco después una recalificación de sus terrenos del municipio de Villaviciosa de Odón que permitió aumentar su edificabilidad.
La comisión de investigación fue suspendida con los votos del Partido Popular.[cita requerida]
Presidencia de la Comunidad de Madrid
En octubre de 2003, tras el caso de transfuguismo de Tamayo y Sáez, y ante la imposibilidad de formar un gobierno con mayoría absoluta, Esperanza Aguirre, a petición propia, disuelve la asamblea de la Comunidad y convoca nuevas elecciones autonómicas en Madrid. En esta segunda convocatoria el PP obtiene mayoría absoluta. Esperanza Aguirre es elegida presidenta de la comunidad autónoma de Madrid, siendo la segunda mujer en conseguir una presidencia de comunidad en España tras María Antonia Martínez que había presidido la Región de Murcia en los años 1990, y la primera mujer en ostentar el cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid.
En 2004 la reina Isabel II del Reino Unido le concedió el título de dama comandante del Imperio británico.
El 1 de diciembre de 2005 sufrió un accidente de helicóptero en la plaza de toros de Móstoles, junto con el líder de su partido, Mariano Rajoy, del que salieron ilesos.
Tras las elecciones autonómicas celebradas el 27 de mayo de 2007, Esperanza Aguirre fue reelegida presidenta de la Comunidad de Madrid. La lista encabezada por Aguirre obtuvo el mayor porcentaje de votos en unas elecciones autonómicas en Madrid. Con una ventaja de veinte puntos por encima del Partido Socialista, el Partido Popular ganó las elecciones con un total de 67 actas de diputado, provocando una catarata de dimisiones al más alto nivel en el seno del Partido Socialista de Madrid (PSM).
En 2010 Aguirre criticó al Gobierno de España por la falta de inversión en la comunidad autónoma.
En las elecciones autonómicas celebradas el 22 de mayo de 2011, la lista del Partido Popular ganó las elecciones y la candidatura encabezada por Esperanza Aguirre logró su tercera mayoría absoluta. La Presidenta aumentó su representación parlamentaria con 72 escaños (siete más de los necesarios) en una asamblea de 129 diputados y batió de forma inapelable a su rival socialista Tomás Gómez en todas las zonas geográficas de la región, que solo consiguió la mitad de votos y de escaños que el PP. La tercera fuerza fue Izquierda Unida que aumentó su representación hasta los 13 diputados, y UPyD entró en la cámara regional en su primera participación, superando el 5 % de los votos necesarios y logrando ocho escaños. Aguirre fue elegida presidenta de la Comunidad de Madrid por tercera vez consecutiva.
Gestión como presidenta de la Comunidad de Madrid
Sanidad
Bajo su presidencia, la vacunación contra el neumococo dejó de ser gratuita, así como las terapias para dejar de fumar, y se restringieron los requisitos para acceder gratuitamente a intervenciones de cambio de sexo, equiparando los servicios básicos de Madrid con el resto de España. La consejería de salud estimó el ahorro por estas medidas en 8 500 000 euros. El sindicato Comisiones Obreras criticó la disminución de las partidas presupuestarias dedicadas al sector público en general y el fuerte aumento de las dedicadas al sector privado (educación, sanidad, servicios sociales).
En su momento, se comentó que su estrategia de incumplimiento de la ley antitabaco podría haber sido calificada como rebeldía frente al Gobierno central de España.
La oposición regional y el gobierno de la nación, ambos de signo socialista, pusieron en duda tales cifras ya que, según ellos, las listas de espera se redujeron por una trampa contable, al contar solo los días desde que se da fecha concreta para la operación y al aplicar un sistema propio y no homologado para contabilizar los pacientes en lista de espera, que excluye a numerosas personas del cómputo total e impide comparaciones con otras comunidades autónomas.
Denunciaron igualmente el proceso de privatización de la Sanidad madrileña, por haber sido entregada la gestión de cuatro hospitales públicos y de los centros de salud del área sanitaria 14 de Madrid a la empresa privada Capio Sanidad, y la gestión de otros siete hospitales a empresas constructoras españolas. Tras seis años de gobierno la sanidad madrileña seguía siendo pública, universal y gratuita, pero desde diversos ámbitos se denuncia un deterioro progresivo de las prestaciones sanitarias públicas.
Los críticos de la construcción de hospitales de propiedad privada alquilados posteriormente por la Comunidad de Madrid señalan su alto coste y la desequilibrada relación entre el coste de construcción y el de alquiler de las instalaciones. Así, la construcción del Hospital de Torrejón costó 139 millones de euros, como afirma la empresa constructora y se adjudicó por un alquiler total por 30 años de ocupación de 2100 millones de euros.
Los profesionales de sanidad de la Comunidad de Madrid, por su parte, señalan que la apertura de nuevos hospitales de construcción privada no enriquece el sistema, ya que conlleva el cierre de otras instalaciones en uso, como los ambulatorios de Aranjuez, Arganda o Alcobendas. Según algunas fuentes del sector, los nueve nuevos hospitales aportan al sistema tan solo 700 camas a un coste extremadamente alto.