Presidencia del Cabildo insular de Gran Canaria
Tras las elecciones municipales del 25 de mayo de 2003 y hasta 2007 presidió el Cabildo insular de Gran Canaria habiendo sido su lista electoral la más votada.
Su mandato en el Cabildo grancanario fue percibido con «niveles de baja gestión» por los grupos de la oposición, no así en cuanto a belicosidad partidista dentro y fuera de la corporación insular. Sin embargo, tal vez pueda destacarse de esta etapa el derribo del tramo de la autopista del Sur de Gran Canaria GC-1 conocido como «el escalextric», en la desembocadura del barranco de Guiniguada, pues la gestión de la referida carretera fue delegada por su titular, conforme a la Ley de Carreteras de Canarias, la comunidad autónoma canaria. Ello se logró en colaboración con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de la mano de su alcaldesa Pepa Luzardo (PP), como paso previo para la remodelación de la principal vía de acceso a la capital grancanaria, otrora una zona neurálgica para el tráfico, facilitando la modernización de los históricos barrios capitalinos de Triana y Vegueta, proyecto ahora casi estancado por falta de financiación de otras administraciones. Esta reordenación se diseñó también para ayudar a la catalogación de estos barrios como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sin embargo ello aún no se ha logrado por la mundial crisis financiera de 2008, relegando su tramitación.
Tras las elecciones a los Cabildos insulares canarios de mayo de 2007 fue investido nuevamente Presidente de la corporación insular (ya que el cabeza de lista más votada ocupa automáticamente la Presidencia), pero esta vez con una mayoría relativa, lo cual favoreció que prosperase una moción de censura presentada por el Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) y Nueva Canarias (NC) en el mismo Pleno de su nombramiento, moción que le removería del cargo automáticamente, tras lo cual presentaría su dimisión como consejero de la corporación insular para entrar a formar parte como miembro del Gobierno autonómico de Paulino Rivero, con Coalición Canaria (CC).
Gobierno autonómico
Desde 2003 es diputado por el Partido Popular en el Parlamento de Canarias, escaño que compatibiliza con el de la Presidencia del Cabildo insular grancanario hasta su salida, el 9 de junio de 2007, mediante la referida moción de censura.[cita requerida]
Accedió al Gobierno de Canarias de la mano de Coalición Canaria (CC), aun habiéndose tratado pública y notoriamente como acérrimos rivales desde la salida del PP del Gobierno canario en la anterior legislatura, entonces presidido por Adán Martín Menis (CC), luego del tercer pacto de Gobierno entre PP y CC en la historia parlamentaria canaria (los dos primeros acuerdos para formar Gobierno serían negociados por José Miguel Bravo de Laguna en las legislaturas inmediatamente anteriores). Aquella salida no traumatizó al Gobierno canario pues obtendría la estabilidad gracias al apoyo del PSC-PSOE, siendo por entonces su Secretario general regional Juan Carlos Alemán.[cita requerida]
La crisis interna del PP de Canarias
Con las elecciones autonómicas del 27 de mayo de 2007 aparecería una crisis interna en el seno del PP canario tras perderlas por segunda vez consecutiva, en esta ocasión con mayor número de escaños perdidos. También se perderían los importantes gobiernos del Cabildo insular de Gran Canaria y de los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), el segundo por una escisión interna. El Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura) también sería escenario de un pulso entre Soria y el que fuera durante más de 25 años alcalde de La Oliva y presidente del PP de Fuerteventura, Domingo González Arroyo, tras la imposición de una candidatura alternativa para la presidencia insular por parte de la dirección regional de su partido, circunstancia semejante a la sucedida en Cataluña a través de Mariano Rajoy en abril de 2008.
La crisis se vería agudizada por la destitución del responsable de la estrategia electoral del PP en Canarias, Luis Larry Álvarez Cardero.
El PP accedió al Gobierno autonómico, presidido por el nacionalista Paulino Rivero (CC), luego del cuarto pacto entre ambas formaciones políticas, lo que favoreció el nombramiento de Soria como Vicepresidente del Gobierno y como Consejero de Economía y Hacienda, cargos que ejerce al mismo tiempo. Este acuerdo in extremis para formar Gobierno tendría como objetivo principal desbancar al PSC-PSOE, encabezado por el ex Ministro de Justicia grancanario Juan Fernando López Aguilar, a pesar de haber obtenido una mayoría de escaños pero sin alcanzar la mayoría absoluta.
En julio de 2008 Domingo González Arroyo fue suspendido de militancia, junto con otro centenar de miembros, tras la proposición de una moción de censura en la corporación municipal existiendo un pacto de gobierno regional con CC. Tras lo cual se impuso una junta gestora insular del partido que no impediría al propio González Arroyo mantener su crítica y oposición hasta la celebración del XII Congreso regional del PP celebrado en septiembre de 2008. En el verano de 2009 González ha hecho público su propósito de construir un nuevo partido en la isla, el Partido Popular Majorero.
A pesar de las afirmaciones de González Arroyo sobre la presentación de la referida moción de censura en la que decía que fue autorizado por Soria, de forma paralela continúa con el ejercicio de las funciones de presidente insular, convocando a los órganos locales, a la espera de una resolución judicial que aclare la legalidad de la suspensión cautelar adoptada por el Comité de Derechos y Garantías del partido en Canarias Mientras tanto, «el principal objetivo seguirá siendo destituir a José Manuel Soria de todas las instituciones». Finalmente fue expulsado del PP por decisión de su dirección nacional para terminar fundando en 2009 el Partido Popular Majorero.
Polémica por la ponencia política del XVI Congreso nacional del PP
En mayo de 2008 es designado miembro de la comisión redactora de una de las tres ponencias políticas que se debatieron en el XVI Congreso nacional del PP, celebrado en junio de ese mismo año, igualmente integrada por María San Gil y Alicia Sánchez-Camacho Pérez.
Las discrepancias con el entorno de Mariano Rajoy en el contenido del referido documento ideológico provocaron la renuncia de San Gil al cargo de presidenta del Partido Popular del País Vasco y solicitó la baja de su afiliación. El papel que jugó José Manuel Soria en esta polémica tuvo como consecuencia su enfrentamiento a través del envío de un mensaje a María San Gil que decía lo siguiente: «María, he recibido tu ponencia. ¡Arriba España!», el cual fue filtrado y difundido por los medios de comunicación. Tras el posicionamiento de Sánchez Camacho a favor de San Gil, Rajoy decidió que interviniera Lassalle.
XII Congreso regional del PP en Canarias
Soria fue confirmado en el XII Congreso regional del PP en Canarias, celebrado durante los días 27 y 28 de septiembre de 2008, como presidente regional en Canarias habiéndose presentado una única candidatura. Las luchas de poder internas y la ausencia de un liderazgo opositor visible, junto con el apoyo desde Madrid, favorecerían una continuidad en el cargo sin candidatos opositores desde 1999.
Causas judiciales
La corrupción urbanística vinculada al PP de Canarias
Soria atravesó serias dificultades políticas fundamentalmente por los casos de corrupción urbanística que afloraron durante 2006 y 2007 en Canarias, tras arribar la recién creada «Brigada Anticorrupción». Los municipios grancanarios de Mogán (caso Góndola), Telde (caso Faycán, en el que se han visto envueltos penalmente, entre otros, Jorge Alberto Rodríguez Pérez, ex portavoz del grupo parlamentario del PP regional, Toñi Torres, exconcejala y exconsejera del Gobierno de Canarias, la cual acabaría suicidándose tras su imputación debido a una depresión, y Paco Valido, exalcalde del municipio) y Santa Brígida (caso Brisán), se convirtieron en el epicentro mediático de la corrupción institucional en Canarias con el delito urbanístico como telón de fondo.
Soria criticó entonces a su principal rival político, el por entonces candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, Juan Fernando López Aguilar, acusándole de promover la instrumentalización de la Justicia a través de la Fiscalía general del Estado. Esta ha sido la misma estrategia usada por el PP nacional para defenderse de las críticas recibidas por la trama de corrupción y espionaje destapada durante el mes de febrero de 2009, en Madrid, y en la que se ha visto envuelta la formación política madrileña.
A principios de 2008 salen a la luz irregularidades referentes a grandes proyectos urbanísticos para la capital grancanaria realizadas durante sus mandatos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (periodos comprendidos entre 1995 a 1999 y 1999 a 2003) y en el Cabildo insular de Gran Canaria (de 2003 a 2007).
El caso Eolo
Fue el denominado caso Eolo el acontecimiento más llamativo por los debates que suscitó tanto en el seno del Parlamento canario como en el del Cabildo insular de Gran Canaria, lo que coadyuvó a la salida del PP del Gobierno de Canarias. Aun cuando el escándalo alcanzó a diversas personas próximas a Soria (su hermano Luis como Consejero de Industria, Comercio y Nuevas tecnologías, y Celso Perdomo, ex director general de Industria y Energía y principal responsable, entre otros) él mismo no sería imputado por delito alguno, costándole sin embargo a Luis Soria su carrera política.
En septiembre de 2008, a sólo una semana de la celebración del XII Congreso regional del PP en Canarias, y como derivado de los acontecimientos del caso Eolo, Soria resultó condenado en costas judiciales por imputar con mala fe —según consta en la sentencia judicial— los delitos de calumnias e injurias al ingeniero y empleado del Cabildo, Francisco Cabrera. Cabrera fue técnico de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y denunció públicamente a Soria por haber tratado, supuestamente, de favorecer a una empresa privada —cuyo propietario era el empresario Javier Esquível, cercano a Soria, y que llegaría incluso a costear el alquiler de la familia Soria durante 21 meses hasta que fue acabada su nueva residencia de Tafira, lo que luego se denominaría en los medios como «caso del Chalet»— en detrimento de la empresa de titularidad cabildicia Megaturbinas de Arinaga, para la explotación de energía eólica en el muelle de Arinaga (Gran Canaria) en un concurso, siendo su hermano Luis Soria Consejero de Industria.
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