Vida política
Concejal en el Ayuntamiento de Ferrol (2003-2012)
En 2007, cuando se convirtió en teniente de alcalde de Ferrol, siguió ejerciendo de abogada laboralista. Accedió a la coordinación nacional de Esquerda Unida en 2005, y fue la candidata de la formación a la presidencia de la Junta de Galicia en las elecciones de ese año. Obtuvo unos 12 000 votos (0,8 %), por lo que se configuró como cuarta fuerza política de Galicia. En las elecciones municipales de 2007, fue la cabeza de lista de la formación a la alcaldía de Ferrol, uno de los lugares donde Esquerda Unida obtiene sus mejores porcentajes de voto en toda Galicia. Obtuvo 5203 votos (14,19 %), que se tradujeron en cuatro concejales. Tras formalizar un acuerdo para un gobierno de coalición con el PSG-PSOE y recibir el candidato socialista a la alcaldía Vicente Luis Irisarri Castro el apoyo también del Bloque Nacionalista Galego, se constituyó un gobierno municipal presidido por Irisarri con Díaz como primera teniente de alcalde. Sin embargo, la coalición se rompió en octubre de 2008, permaneciendo la abogada laboralista como portavoz de su grupo.
Díaz apoyó la candidatura de Cayo Lara a la coordinación general de Izquierda Unida en la IX Asamblea, y fue desde entonces (diciembre de 2008) responsable de la secretaría de Políticas Sociales dentro de la comisión ejecutiva de IU.
Fue la candidata de Esquerda Unida a la presidencia de la Junta de Galicia en las elecciones autonómicas de 2009, sin conseguir representación.
Diputada del Parlamento de Galicia (2012-2016)
Encabezó la lista de candidatos de Esquerda Unida de cara a las elecciones al Parlamento de Galicia de 2012 celebradas el 21 de octubre de 2012. Una candidatura en la que finalmente Esquerda Unida formó coalición con Anova-Irmandade Nacionalista, Espazo Ecosocialista Galego y Equo-Galicia, constituyendo una lista única denominada Alternativa Galega de Esquerda (AGE), que consiguió 9 diputados y ocupó la viceportavocía del grupo en el Parlamento de Galicia.
Diputada en el Congreso de los Diputados (desde 2016)
La coalición electoral de ámbito gallego denominada En Marea, formada por Podemos, Anova y Esquerda Unida, así como por diferentes alianzas y agrupaciones ciudadanas que obtuvieron éxito en las elecciones municipales de mayo de 2015 (Marea Atlántica, Compostela Aberta y Ferrol en Común), obtiene 6 diputados, incorporándose Yolanda Díaz como n.º 2 por la provincia de La Coruña. Esta coalición fue formada en noviembre de 2015 para competir en dichas elecciones generales, pese a la posición en contra de gran parte de la militancia de Esquerda Unida.
Como parte del acuerdo entre los partidos, la coalición apareció en las papeletas con el nombre En Marea (Podemos-En Marea-Anova-EU). Aunque la intención mostrada por la misma era constituirse como grupo propio en el Congreso, finalmente, y ante la reiterada negativa de la Mesa del Congreso a reconocer el derecho a grupo propio, acabaron por integrarse en el grupo parlamentario de Podemos, que se constituyó como grupo confederal. En Marea estuvo en igualdad de condiciones con la agrupación parlamentaria catalana y valenciana: portavoces propios, agenda y manejo de los recursos propios y autonomía política.
El 3 de junio de 2017 deja de ser coordinadora nacional de Esquerda Unida, relevada en el cargo por Eva Solla. Abandonó la militancia de Esquerda Unida en octubre de 2019, tras la negociación de la fallida investidura, descontenta con la posición de Izquierda Unida en la misma. Sin embargo, siguió militando en el PCE. A partir de entonces comenzó un recorrido paralelo a Unidas Podemos que pretende terminar en la construcción de un espacio amplio y transversal que funcione de proyecto político aglutinador a la izquierda del PSOE.
Ministra de Trabajo y Economía Social (2020-2023) y Vicepresidenta del II Gobierno Sánchez (2021-2023)
En enero de 2020, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la designó ministra de Trabajo y Economía Social con motivo de la formación de un gobierno de coalición entre el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos. Yolanda Díaz pasó a formar parte del segundo Gobierno Sánchez.
Tras la renuncia de Pablo Iglesias como vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 para presentarse a las elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid de mayo de 2021, fue nombrada vicepresidenta tercera del Gobierno. Tras la destitución de Carmen Calvo como vicepresidenta primera del Gobierno y la reducción de cuatro a tres vicepresidencias, fue promovida a vicepresidenta segunda del Gobierno.
Despido por baja médica
Una de sus primeras medidas, en febrero de 2020, fue la eliminación artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, que permitía el despido de un trabajador por la acumulación de bajas médicas de forma intermitente, aunque estas estuvieran justificadas.
Asimismo, el Gobierno aprobó en 2022 la ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, establece que nadie puede ser discriminado por razón de enfermedad o incapacidad temporal, lo que, en la práctica, dificulta, por ejemplo, el despido de un trabajador por estar de baja médica.
«Ley Rider»
El Gobierno aprobó el 28 de septiembre de 2021 la conocida como ley «rider» para hacer frente al modelo de «falsos autónomos» que plataformas como Deliveroo, Uber Eats y Glovo utilizaban para dar empleo a los repartidores de comida a domicilio, por lo que esta ley les obliga a contratarlos con un seguro de accidentes y de responsabilidad civil. Como consecuencia de esta ley, Deliveroo anunció la salida del mercado español y se aprobó una ley similar en el seno de la Unión Europea. En diciembre de 2024, Glovo anunció el abandono definitivo de su modelo de «falsos autónomos» un día antes de que su CEO, Oscar Pierre, declarase en un proceso penal abierto contra la empresa, acusada, por este motivo, de un delito contra los derechos de los trabajadores. El Ministerio de Trabajo estimaba que la empresa debía 267 millones de euros en cotizaciones impagadas a la Seguridad Social.
Reforma laboral de 2022
En noviembre de 2021 Díaz se compromete a derogar la reforma laboral implantada por el Gobierno de Mariano Rajoy, siguiendo la hoja de ruta establecida en el pacto PSOE-Unidas Podemos.
La reforma laboral de 2022, liderada por la ministra Yolanda Díaz, de Podemos-IU, fue pactada con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y los principales sindicatos, algo que no había ocurrido nunca. No deroga algunos aspectos de la anterior reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular, solo la modifica, y no toca las indemnizaciones por despido. Busca principalmente reducir la temporalidad y la tasa de desempleo. El cambio más importante que provoca en el mercado laboral es que se reducen el número de tipos de contratos. Todos los contratos pasan a considerarse indefinidos y solo se habilitan dos contratos temporales: el de circunstancias de la producción, para determinados sectores o circunstancias especiales concretas, y por sustitución. El contrato fijo discontinuo queda únicamente orientado a tareas de carácter estacional, como la hostelería. La reforma laboral fue aprobada el 3 de febrero de 2022 por el Congreso de los Diputados tras obtener 174 votos en contra y 175 a favor.
ERTE
El artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores consolida la fórmula de los ERTE como mecanismo de ayuda a empresas en dificultades económicas en momentos de crisis. Esto surgió en 2020, tras el estallido de la pandemia de COVID-19 en España, como fórmula de preservación del empleo de millones de trabajadores, que de un día para otro vieron cómo se paraba la actividad económica por causa de fuerza mayor. Una de cada cinco empresas, unas 517 000 empresas del registro mercantil, recurrió a este sistema, especialmente las dedicadas a la hostelería (54,7 %), las actividades artísticas (36,1 %) y las sanitarias (35,3 %). La reforma laboral consolida esta fórmula como mecanismo de carácter estructural que permita responder a «shocks económicos». Este mecanismo se volvió a activar tras las inundaciones de la dana de 2024.
Subidas del salario mínimo
En 2020, el Gobierno de Pedro Sánchez, con Yolanda Díaz como ministra de Trabajo, elevó el salario mínimo desde los 900 € a los 950 € brutos mensuales en 14 pagas. En 2021, desde los 950 € a los 965 €. En 2022, desde los 965 € a los 1000 €. En 2023, desde los 1000 a los 1080 €. La subida de 2020 tuvo la firma de los empresarios; las de 2021, 2022 y 2023 no.
Seguridad de los trabajadores
El Gobierno de Sánchez, con Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, reformó el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, «por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo estableciendo la obligación concreta de prever medidas adecuadas frente a riesgos relacionados con fenómenos meteorológicos adversos, incluida la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que estos concurran, resultando obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista cuando la Agencia Estatal de Meteorología o, en su caso, el órgano autonómico correspondiente en el caso de las comunidades autónomas que cuenten con dicho servicio emita aviso de fenómenos de nivel naranja o rojo y las medidas preventivas anteriores no garanticen la protección de las personas trabajadoras».
Trabajo doméstico
Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), del 24 de febrero de 2022, que consideró que se discriminaba a los trabajadores del hogar por ser el único sector que no tenía derecho al paro, el Ministerio de Trabajo y Economía Social comandado por Yolanda Díaz aprobó el 2 de marzo de 2022 este derecho y la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce la equiparación de la protección social de este colectivo de trabajadores con el resto de asalariados, siendo ratificado en el Congreso de los Diputados el 9 de junio de 2022, en una histórica votación en la que todos los partidos políticos votaron a favor.
Asimismo, desde el 1 de enero de 2023, con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2022, entre las reformadas llevadas a cabo, el Gobierno eliminó la figura del «desistimiento», una modalidad de despido sin causa que permitía a los empleadores prescindir de las trabajadoras del hogar con una indemnización reducida de 12 días por año trabajado. Esta práctica fue considerada discriminatoria, ya que no exigía justificación y otorgaba menos protección que la ofrecida a otros trabajadores. Con la reforma, las empleadas del hogar pasaron a tener derecho a una indemnización de 33 días por año trabajado en casos de despido improcedente, equiparándose así al resto de trabajadores.
También se eliminó la posibilidad de que los empleados del hogar que trabajen menos de 60 horas mensuales por empleador asuman por sí mismos las obligaciones de alta y cotización en la Seguridad Social. A partir de esa fecha, la responsabilidad de tramitar el alta y realizar las cotizaciones recae exclusivamente en el empleador, sin importar la duración o la cantidad de horas trabajadas. No cumplir con esta obligación puede acarrear sanciones significativas. La Tesorería General de la Seguridad Social puede dar de alta de oficio al trabajador y exigir el pago de las cuotas adeudadas desde el inicio de la actividad. Además, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social puede imponer multas por infracción grave, que varían entre 3750 y 12 000 euros, dependiendo de la gravedad del incumplimiento.
Agencia Española de Empleo
La Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, regula la conversión del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la Agencia Española de Empleo, como parte de la estructura del nuevo Sistema Nacional de Empleo y anticipa la creación de un gran portal público estatal de empleo, una suerte de «InfoJobs estatal», mediante el Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo, que contará con los datos de todas las ofertas de empleo que existan en todo el territorio nacional, pues las empresas tendrán la obligación de comunicar a este portal todos los puestos vacantes que tengan. La operatividad efectiva —es decir, la plataforma, los procedimientos, el acceso obligatorio— aún está pendiente de desarrollo reglamentario.
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